XXX Jornadas Nacionales de delegados y capellanes de la Pastoral Penitenciaria

Responsables y capellanes de la Pastoral Penitenciaria de las diócesis españolas se han reunido los días 16, 17 y hoy 18 de octubre en Madrid en las XXX Jornadas Nacionales bajo el lema “Visibilizar la Pastoral Penitenciaria en la Iglesia y en la sociedad”. Ha sido el departamento nacional de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española quien ha convocado, un año más, este encuentro. Tanto el capellán, Florencio Roselló, como la delegada diocesana, Sonia Barreda, han estado presentes.

El programa ha contado con participaciones como la de D. José Ángel Saiz, Obispo de Terrasa y responsable de la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil, Secretario General de la CEE, así como de periodistas de Medios de Comunicación como Europa Press, Cadena Ser, Agencia EFE o el diario ABC, y de abogados y políticos de diferentes partidos. Todos ellos han expuesto cómo se ve la cárcel y la acción de la Pastoral desde el punto de vista comunicativo, jurídico y político.

El objeto principal de las jornadas ha sido la exposición de la labor de la Pastoral Penitenciaria y la visibilidad que esta tiene en los medios de comunicación. Este encuentro ha sido muy fructífero porque se ha conocido que los grandes medios nacionales y los grandes partidos políticos no conocen realmente la acción de esta pastoral, de la que forman parte 2.700 voluntarios a nivel nacional. De igual manera, los periodistas han enseñado a los responsables de la pastoral cómo, cuándo y con qué medios es mejor comunicar. Además, durante las jornadas pudieron trabajar por grupos la relación entre la pastoral y sus medios locales. Sonia Barreda ha confesado que la relación de la pastoral con la Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis de Segorbe-Castellón “está siendo una experiencia muy satisfactoria”.

Hoy, día 18, la jornada ha versado sobre la prisión permanente revisable, la máxima pena privativa de libertad en España, aprobada en 2015 en el Congreso de los Diputados. Esta es como una cadena perpetua por la cual el condenado solo puede recobrar la libertad si demuestra estar rehabilitado tras una serie de plazos y si previamente ha logrado acceder al tercer grado. Está prevista para los autores de delitos de excepcional gravedad. “Nosotros no estamos de acuerdo con esta ley”, asegura Sonia Barreda, “porque todo el mundo tiene que tener la oportunidad de cambiar”, y continúa: “Esto lapida cualquier esperanza de futuro”.