Queridos diocesanos:

La fe cristiana no puede reducirse al ámbito de la conciencia o al ámbito privado de la vida personal y familiar. La fe cristiana se extiende a todas las áreas de la vida, privada y pública, también a la política. El compromiso de los cristianos en el mundo, en dos mil años de historia, se ha expresado de diferentes modos, entre otros, mediante la participación en la acción política. La Iglesia venera a numerosos santos, hombres y mujeres, que han servido a Dios a través de su compromiso en la política y el gobierno. Entre ellos, santo Tomás Moro, Patrono de los gobernantes y políticos, que supo testimoniar hasta el martirio la “inalienable dignidad de la conciencia”.

En las sociedades democráticas, todos podemos y debemos participar y contribuir por medio del voto a la elección de los legisladores y gobernantes y, a través de varios modos, a la formación de las orientaciones políticas y las opciones legislativas. La vida en un sistema político democrático pide la participación activa, responsable y generosa de todos, si bien con diversidad y complementariedad de formas, niveles, tareas y responsabilidades.

Los fieles laicos, de acuerdo con su conciencia cristiana rectamente formada y en coherencia con los valores que son congruentes con ella, están llamados a animar cristianamente el orden temporal, respetando su naturaleza y legítima autonomía, y cooperando con los demás ciudadanos según la competencia específica y bajo la propia responsabilidad. Ya el Concilio Vaticano II enseña que “la Iglesia alaba y estima la labor de quienes, al servicio del hombre, se consagran al bien de la cosa pública y aceptan el peso de las correspondientes responsabilidades” (GS 75); y san Juan Pablo II afirmó que “los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la ‘política’; es decir, en la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común” (CL 42).

Las actividades políticas son acciones humanas, por lo que han de regirse siempre por criterios morales. Cuanto se pueda hacer en política, tiene una dimensión moral, arraigada en la naturaleza misma de las cosas y regida por la ley suprema del respeto a la dignidad y a los derechos de las personas. La vida política no puede fundarse únicamente en el consenso de los grupos, sin ninguna referencia moral superior y objetiva. No conviene confundir la libertad y la pluralidad de opiniones y proyectos con el relativismo o indiferentismo moral. Un pueblo sin convicciones morales objetivas es un barco a la deriva.

Cualquier actividad política, concebida desde una visión cristiana, ha de entenderse y realizarse como un servicio efectivo a la comunidad para favorecer el bien común de todos los ciudadanos. La búsqueda sincera del bien común es lo que justifica cualquier iniciativa política. “El bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección (GS 74).

La fidelidad a las exigencias de la moral social cristiana suscita unas características y obligaciones comunes en la acción política de los católicos, independientemente de sus preferencias políticas o de los partidos en que militen. En el momento presente, las principales exigencias éticas para el voto y la actividad política de los católicos son: la defensa de la vida humana desde el momento de su concepción hasta la muerte natural; la defensa de la naturaleza del ser humano –“varón y mujer los creó”- y de toda la creación; la protección de la familia, fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, en todas sus implicaciones económicas, sociales, culturales y morales, sin equipararla a otras formas de vida posibles; la defensa de los menores y de los más débiles o necesitados, como pueden ser los inmigrantes, los sin trabajo, las mujeres amenazadas, los enfermos terminales; la defensa de la libertad, de la convivencia y de la paz contra todas las agresiones, discriminaciones y amenazas; la protección de la libertad religiosa y de conciencia; el respeto a la libertad de enseñanza, reconociendo el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos; la promoción de la justicia y la solidaridad entre los pueblos, las religiones y las diferentes culturas; el respeto y la defensa de las enseñanzas morales de la ley natural y de la fe cristiana en la inspiración de las relaciones y actividades en los diferentes órdenes de la vida.

Estas exigencias forman parte del bien común, que hemos de buscar electores y elegidos.

Con mi afecto y bendición,

+ Casimiro López Llorente

Obispo de Segorbe-Castellón