Tanto el hecho de haber sido aprobada la ley orgánica para la regulación de la eutanasia, como la forma en la que se ha aprobado, es algo escandaloso y torticero, pues no solamente supone el reconocimiento de un derecho inventado, “derecho a morir” le llaman, sino que se asume como una prestación básica del Sistema Nacional de Salud.
Es llamativo como, al igual que se está haciendo con otras leyes, no se está buscando un mínimo de consenso con las partes implicadas, interesadas y conocedoras de este tema. Además de otras organizaciones, asociaciones y sociedades, no se ha tenido en cuenta para nada la voz del Comité de Bioética de España (CBE).
En este sentido, el pasado el 6 de octubre, el CBE publicó un informe sobre `el final de la vida y la atención en el proceso de morir, en el marco del debate sobre la regulación de la eutanasia´, con el objetivo de ofrecer elementos para la reflexión y la deliberación.
Tal y como indica el Comité en la introducción de dicho informe, “deben ser bienvenidos todos los argumentos que permitan, desde la prudencia, nutrir el mismo, sobre todo, cuando éstos proceden, con mayor o menor acierto, del máximo órgano consultivo del Estado y los poderes públicos en materia de Bioética”.
Se trata de un informe muy interesante en cuanto que aclara varios conceptos de necesario conocimiento a la hora de abordar el tema con seriedad. Entre otros, trata el marco legal actual del homicidio compasivo y el auxilio al suicidio en el ordenamiento jurídico español, la protección de la vida humana como valor ético y legal sustancial, la eutanasia y el profesionalismo médico, y la eutanasia y la vulnerabilidad en situaciones especiales (como son la discapacidad, la enfermedad mental e infancia).
También se realiza un análisis bastante claro de lo que son y de lo que suponen los cuidados paliativos. Éstos “han demostrado en numerosos estudios que ahorran recursos económicos a los sistemas públicos de salud, ya que facilitan que los pacientes sean atendidos en sus domicilios, evitando así los ingresos innecesarios en hospitales de tercer nivel, con alta tecnificación y que no están preparados para el cuidado de estos pacientes, posibilitando, además, la obstinación terapéutica y diagnóstica, con el consiguiente sobrecoste añadido. Los pacientes desean ser cuidados en su propio domicilio, por personas capaces y con el apoyo de profesionales formados para ello”.
Todo ello a pesar de que, “lamentablemente, pese a que constituyen un derecho asistencial para todos los ciudadanos que los necesitan -y es responsabilidad del Estado, sus respectivas instituciones u otros organismos y gestores garantizar su cumplimiento- hoy día, en nuestro país, muchos pacientes no pueden beneficiarse de ellos y mueren en peores condiciones de las humanamente aceptables y deseables”.
Entre sus conclusiones, el CBE aclara que “legalizar la eutanasia y/o auxilio al suicidio supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana cuyas fronteras son harto difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno nos muestra”.
Además, estos “no son signos de progreso sino un retroceso de la civilización, ya que en un contexto en que el valor de la vida humana con frecuencia se condiciona a criterios de utilidad social, interés económico, responsabilidades familiares y cargas o gasto público, la legalización de la muerte temprana agregaría un nuevo conjunto de problemas”.
“Responder con la eutanasia a la `deuda´ que nuestra sociedad ha contraído con nuestros mayores tras tales acontecimientos, no parece el auténtico camino al que nos llama una ética del cuidado, de la responsabilidad y la reciprocidad y solidaridad intergeneracional”, explica al final en relación a la muerte, y las circunstancias, de miles de mayores durante estos meses a causa de la pandemia del Covid-19.
