La Pastoral Penitenciaria organiza una "operación mascarillas"

Desde el inicio del confinamiento, el 15 de marzo, los capellanes y voluntarios de la Pastoral Penitenciaria no pueden entrar en las cárceles por prevención para evitar contagios. Sin embargo la actividad sigue a distancia a través de cartas, contacto con las familias y una nueva iniciativa: la “operación mascarillas”, que pretende dotar de este instrumento a los 1.700 internos de Castellón y Albocácer. La iniciativa se ha lanzado esta semana y ha encontrado una generosa respuesta entre voluntarios y otras personas, como las agustinas de Montornés, que se comprometen a confeccionarlas.

Desde la Pastoral Penitenciaria se ha realizado un video tutorial donde se explica cómo tienen que ser, por ejemplo el material, que debe ser algodón. Florencio Roselló, mercedario y capellán de Castellón I, explica que se quiere “dotar hasta donde podamos a todos los internos de mascarillas”, y argumentan que son muy necesarias porque “dentro las medidas de seguridad son complicadas de respetar, como por ejemplo el metro de distancia entre personas”. Estos días también se está organizando el modo de recogida y entrega.

Aunque los capellanes no pueden entrar en los centros penitenciarios, tanto Florencio Roselló, en Castellón, como Jordi Mas, en Albocácer, están en contacto con las direcciones penitenciarias y han manifestado la disponibilidad para colaborar en lo que sea posible. De ahí, la iniciativa de las mascarillas.

Incertidumbre y tristeza

La medidas preventivas en los centros penitenciarios que impiden visitas se aplican igualmente a los familiares, de modo que para los internos esta situación supone una “doble reclusión”, según explica Florencio Roselló: “El último día que entré, cuando ya era conocida la actuación prevista, veía mucha tristeza, melancolía y sobre todo mucha incertidumbre. En los centros se sabía qué eran peleas, motines o conflictos, pero no una situación como esta. Por tanto reina un gran desconcierto y tristeza por el recorte humano que supone restringir el contacto con las familias y el voluntariado”.

Otro problema añadido son los casos de cumplimiento de condena. Cuando acaba el periodo de reclusión, es de obligada la inmediata puesta en libertad, y entonces muchas personas se encuentran que no saben dónde ir, máxime cuando los recursos disponibles están cerrados por la cuarentena. “Ya me he encontrado con un caso, y no se qué hacer – reconoce Roselló -. Es obligado salir, los centros están cerrados, los que podemos ayudar no podemos salir… es complicado”.