La Diócesis refuerza su compromiso con la prevención de abusos en una jornada formativa

El Obispo de Segorbe-Castellón, D. Casimiro, ha convocado a todos los sacerdotes, religiosos y diáconos permanentes a una Jornada de Formación sobre la Protección del Menor, programada para el próximo miércoles 4 de diciembre. Este evento se llevará a cabo en el Seminario Mater Dei a partir de las 10:30 h.

La Jornada, dirigida por el Rvdo. D. Jesús Rodríguez Torrente, Coordinador del Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas de Protección de Menores de la Conferencia Episcopal Española, es considerada de carácter obligatorio para quienes estén involucrados en actividades relacionadas con menores. Esto responde a la necesidad de fortalecer el compromiso de la Iglesia en la prevención y actuación frente a abusos sexuales.

El contenido incluirá una reflexión sobre el amor y la dignificación del ser humano, así como una presentación del programa de renovación pastoral AUTEM. La asistencia y colaboración de todos los convocados es fundamental para el éxito de esta jornada formativa.

Entrevista a D. Jesús Rodríguez

1.- ¿Nos podría desgranar los ejes principales de esta charla formativa?

Sí, me pidió D. Casimiro, a través del Vicario General si podía acompañar en esta jornada. Lo que voy a hacer fundamentalmente es abordar tres temas. Primero, cuál es la realidad de los abusos y por qué cuando nos hemos dado cuenta se han producido, porque muchas veces pasan como inadvertidos, y tenemos que ver primero esa realidad. En segundo lugar, cuáles son las características que pueden tener las personas que cometen los abusos; y, por último, cuál debería ser nuestra disposición para poder afrontarlos y enfrentarlos.

2.- ¿Cuáles son las medidas concretas que está tomando la Iglesia para garantizar que las víctimas sientan que se está haciendo justicia?

Las víctimas tienen que saber, primero, que se han creado en España 202 oficinas de atención a todas ellas, por lo que cada diócesis cuenta con un servicio de atención a las víctimas. Es decir, la primera acción que se ha tomado es ofrecer un espacio físico donde van a ser acogidas, donde no van a ser cuestionadas como víctimas y que vamos a acompañar su proceso.

Si la víctima realmente lo que quiere es presentar una denuncia, a partir de ahí tendría que pasar al tribunal eclesiástico o el propio Obispo ordenará que se investigue y se realice todo el proceso.

Aquí nos vamos a encontrar con las víctimas que son actuales, esas víctimas tienen doble proceso, el civil y el canónico, pero aquí el verdadero problema aparece con las víctimas, digamos que los sacerdotes o religiosos que cometieron los abusos ya han fallecido, por lo tanto, no puede haber ninguna acción civil sobre los mismos o los casos que ya están prescritos.

En este momento lo que la Iglesia ha hecho de una manera absolutamente voluntaria, y más por un deber moral, porque realmente obligación no tiene, ha sido crear una comisión asesora para que pueda orientar a todos los Obispos, a todos los superiores y mayores, en los casos que presenten reclamación o atención para ver de qué forma, bien terapéuticamente, o bien a través de un itinerario de acompañamiento, se puede reparar un daño que es irreparable. Creo que en este momento no hay ninguna Diócesis de España, ninguna congregación religiosa que no tenga ya la oficina y, desde luego, que no esté por una verdadera labor de poder intentar reparar y restaurar el dolor de muchas personas que fueron injustamente maltratadas.

3.- ¿Cuál está siendo la labor específica de estas oficinas?, ¿se está demostrando su utilidad?

Sí, por una razón, porque cada formación que se les ha ido dando ha sido un recorrido. Por ejemplo, en las primeras sesiones formativas lo que trabajamos profundamente es cómo hacer protocolos, cómo hacer códigos éticos y entornos seguros, y cómo se podían aplicar para que las oficinas empezaran a trabajar no solo en un protocolo diocesano, sino que las parroquias, los colegios, las actividades de tiempo libre tuvieran una formación en los monitores, una formación en los responsables y que todos elaboraran protocolos para que los padres conozcan qué tienen que hacer y cómo sus hijos van a ser salvaguardados.

Pero es que, además, después de acabar esos tres primeros temas, tanto jurídicos como de protocolo y entorno seguro, se trataron cuestiones que abordan cómo tratar con una persona que ha sido víctima, cómo reconocer las heridas, cómo ayudarles y cómo trabajar con victimarios que no reconocen el daño que han hecho.

Trabajamos también en otro aspecto una situación dolorosísima, como son los abusos que se están produciendo desgraciadamente ya con mucha frecuencia de menores, por la influencia de las redes sociales y por la pornografía, y les dimos claves para poder entender y formarse en ese sentido.

Se ha trabajado también el tema de la vulnerabilidad y el tiempo libre, y se está trabajando en ver cómo afecta en el seno de la familia cuando los abusos se producen allí y se reconocen en estas oficinas, no porque vengan a comunicar una situación de un religioso, un sacerdote, una religiosa, sino porque vienen a decir lo que les pasa en su familia o en su casa.

En definitiva, es todo un itinerario formativo que profundiza en la tarea más importante que tienen las oficinas, que no solo es acoger a la víctima, sino prevenir que esta lacra no vuelva a reproducirse.

4.- ¿Cómo evalúa la colaboración entre la Iglesia y las autoridades civiles en la lucha contra los abusos?

Sin duda, yo creo que se están dando muchos pasos. Hemos creado comisiones conjuntas de relación, por ejemplo, a nivel gubernativo y a nivel de comunidades autónomas, y ahora estamos también tratando de elaborar una vía de colaboración conjunta para poder ayudar a las víctimas y que en ningún caso se revictimice. Con todo, no es fácil, porque las posiciones no siempre están de acuerdo.