Esta mañana, en la sede provincial de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), ha tenido lugar una rueda de prensa en la que se han explicado los motivos de la movilización contra la LOMLOE, más conocida como Ley Celaá, y que va a celebrarse el próximo domingo, 20 de diciembre, en la ciudad de Castellón. Aprobada su tramitación sin consenso, sin contar con la comunidad educativa y en plena pandemia, es la octava ley de Educación de la democracia.

Esta movilización, que es a nivel estatal, se llevará a cabo en coche a partir de las 11 de la mañana. Así, los vehículos saldrán del antiguo Mercado del Lunes para seguir por la Ciudad de la Justicia, dirigiéndose hacia Rafalafena y la Plaza María Agustina, siguiendo posteriormente por la Calle Gobernador, y por último la Avenida Hermanos Bou para volver al punto de origen.

En rueda de prensa han intervenido los portavoces de las organizaciones integrantes de la Plataforma “Más Plurales, Más Iguales” en representación de las asociaciones de padres, organizaciones empresariales y sindicales del Sector: José Antonio Rodríguez, Presidente de CONCAPA Castellón, y Víctor Cardona, responsable de comunicación de FSIE en Castellón. También estaba presente una representación de los profesores de la asignatura de Religión en la enseñanza pública.

Han catalogado la imposición de esta Ley como “partidista e ideológica”, sin visión de Estado y sin atender el clamor ciudadano y de la comunidad educativa por la estabilidad y a favor de un Pacto de Estado por la Educación.

Además, va “en contra de la libertad de elección” de los padres para “elegir libremente aquel colegio con el modelo educativo con el que mejor se identifican”, y que creen que es el más adecuado para la educación de sus hijos. En este sentido, “muchas familias, a medio plazo, no van a tener la capacidad de elegir porque el Estado se va a constituir como la única oferta de educación”, discriminando de esta forma a aquellos que no tienen recursos económicos.

También supone “un atentado gravísimo contra las familias que tienen que llevar a sus hijos a un colegio de Educación Especial”, donde mejor se encuentran y donde mejor se atienden sus necesidades, como es el caso de niños con autismo, con parálisis cerebral o con Síndrome de Down, “no tienen en cuenta esta realidad y demuestran un desconocimiento total de la situación de estas familias”.

Además de esto, otro de los aspectos que esta Ley “tira por tierra es la consideración y el desprecio hacia otras opciones de educación”, pues La LOMLOE pretende eliminar la demanda social como elemento a tener en cuenta en la programación de puestos escolares. Es decir, que la Administración ni siquiera debe valorar la elección de las familias para establecer las vacantes. Lo que supone un paso más a la planificación unilateral de la Administración, el cierre de unidades concertadas con demanda en beneficio de públicas vacías o la consideración de subsidiaria de los centros concertados.

Por otra parte, se vuelve a postergar la enseñanza de la religión. Sin alternativas y sin efectos en la evaluación, siendo uno de los objetivos de la Ley el laicismo activo como ideario de la educación, aplicándolo incluso en los centros que no son de su titularidad. Tal y como destacó Mauro Soliva, Delegado Diocesano de Enseñanza, «socava los fundamentos de la educación, la libre elección de los padres, la propia continuidad de los centros concertados, la libertad religiosa y está dirigida a cercenar la asignatura de Religión».