Cáritas Diocesana organiza una mesa redonda sobre la problemática de la vivienda
Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón organiza la mesa redonda “Desafíos y oportunidades ante la problemática de la vivienda” que se celebrará este jueves, a las 6 de la tarde, en el Salón de Actos de la Fundació Caixa Castelló.
Participarán, como ponentes Enrique Lluch, doctor en Ciencias Económicas en la Universidad CEU Cardenal Herrera; Daniel Millor, arquitecto comunitario, Premio Social Princesa de Girona 2024 por “su compromiso vital como arquitecto y activista social y solidario” y Francisco Nomdedeu, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Castellón.
En esta mesa redonda, que moderará el periodista y coordinador de adComunica, Ximo Górriz, en representación de Cáritas Diocesana, intervendrán Marisol Castelló, técnica de Animación Comunitaria, y responsable del proyecto diocesano Betania, de alquiler social para familias con pocos recursos, y Alejandra Gallén, propietaria de uno de los pisos que forman parte de este proyecto.
Derecho humano
Como recuerda el director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, Francisco Mir, la vivienda es un derecho humano, reconocido en la Constitución, que va más allá de un techo, ya que es un lugar de seguridad, estabilidad y dónde construir una vida digna.
En este sentido, Mir, reclama un amplio diálogo social entre administraciones, sector privado y consumidores par revertir esta situación y propone, por ejemplo, la creación de un parque social de vivienda en alquiler.
Principal preocupación
La vivienda, con casi un 29 por ciento, se mantiene desde diciembre como la mayor preocupación de los españoles según el último barómetro del CIS, aumentando, incluso, en medio punto con respecto al anterior estudio.
Por otra parte, el avance del informe FOESSA, que se presentará a finales de este año, indica que la exclusión residencial sigue empeorando y, en este sentido, los problemas relacionados con la vivienda afectan, de una forma u otra, a 1 de cada 4 hogares en España, disparándose esa proporción a 9 de cada 10, si se analiza el caso concreto de las personas en situación de exclusión social severa.
