Sin acritud y con verdad

El Arzobispo de Valencia, D. Antonio Cañizares y los Obispos de Segorbe-Castellón, D. Casimiro López Llorente y de Orihuela-Alicante, D. Jesús Murgui Soriano han remitido una carta al Secretario Autonómico de Educación de la GVA, D. Miguel Soler, en respuesta a las declaraciones realizadas sobre la Ley de Reforma Educativa y lo hacen “sin acritud y para salir en defensa de la verdad y las exigencias y derechos de los ciudadanos, que son diocesanos, de esta Iglesia de la que somos y nos sentimos responsables como Obispos”.

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En consideración de los prelados, el Secretario Autonómico tiene la obligación de defender a su Gobierno y las leyes que éste promueva, pero lo debe hacer “con justicia y verdad, sin falsear y manipular datos y sin ofender muy seria y gravemente a los ciudadanos”. En este sentido aseguran sentir “indignación ante las ofensas que se derivan de las declaraciones realizadas, no solo hacia los alumnos que cursan enseñanza religiosa, sino también hacia los profesores de Religión Católica, a los padres de los alumnos, a la propia asignatura, a la religión misma, a la Iglesia Católica y a las confesiones religiosas”.

Del mismo modo, cuestionan los matices que utilizó el Secretario Autonómico al referirse al valor académico de la asignatura de Religión sin aportar ni un solo dato y dar por hecho realidades que son cuestionables no solo por la ausencia de datos, sino porque además de menospreciar e infravalorar la asignatura, con sus declaraciones cuestiona la libre elección del alumnado y juzga sus capacidades cuando afirma: “los alumnos lo tienen claro. Si les va a subir la nota, muchos de ellos sacan un nueve o un diez, y parece ser que no se requieren muchos esfuerzos para sacar un sobresaliente”, asegurando además que “en la asignatura de Religión no se requiere mucho esfuerzo para obtener la nota de sobresaliente”. A este respecto, el Arzobispo y los Obispos de Segorbe-Castellón, y de Orihuela-Alicante aseguran que el Secretario Autonómico ha difamado al afirmar que “los cambios (en la ley) son para intentar evitar esta situación, en la que realmente se está utilizando la Religión para poder subir la nota de Bachillerato y de esa manera tener ventaja sobre otros alumnos que no la cursan” y que se trata de una acusación pública grave que tendría que justificar el propio cargo autonómico.

En la carta, nuestros Obispos, se cuestionan que estas afirmaciones procedan de quien en la actualidad ostenta el cargo de Secretario Autonómico de Educación, que es quien debe velar por la educación, por el desarrollo integral de la persona y del bien común y social, y aseguran que “la mentira, el falseamiento o manejo de datos y la manipulación, no son buenos consejeros para velar y promover la verdad de la educación, sobre todo, en una situación de emergencia educativa como la que estamos”. Estas afirmaciones, dicen los Obispos, “no generan la concordia que tanto necesitamos” y más bien “dividen y enfrentan, se salen del espíritu constitucional, tienen una clara y palmaria carga ideológica y un populismo que descubre otros fondos”.

Por todo ello, piden al Secretario Autonómico de Educación que no menosprecie la enseñanza de la Religión frente a lo que llama “otras enseñanzas básicas y fundamentales para el futuro universitario” y le recomiendan, limitarse a cumplir la Ley vigente que se deriva del cumplimiento del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español de 3 de enero de 1979, donde se establece que la enseñanza de la Religión y Moral católica en la escuela se incluirá en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Por tanto, aseguran en su carta los prelados, “es una disciplina fundamental y esas condiciones han de ser equiparables”.

Respecto a la enseñanza concertada, piden que se cumpla la Constitución y que revise la jurisprudencia del Tribunal Constitucional pues, “el tipo de libertad de enseñanza, libertad de educar a los hijos conforme a las convicciones religiosas y morales (libertad de elección de centro), la libertad de creación de centros docentes y la ayuda de los poderes públicos a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establece, es lo que asegura esta libertad de enseñanza reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los tratados Internacionales sobre educación”.

Los Obispos afirman con total rotundidad que “en todos los colegios diocesanos, el compromiso por los más desfavorecidos es incuestionable, siendo, algunos de ellos ejemplo vivo para todos los colegios, por supuesto, también los estatales”. Y piden al Secretario Autonómico de Educación que escuche a las familias implicadas con respecto a la Educación Especial, a la programación general de la enseñanza y a la lengua vehicular en la misma; que se ajuste a lo establecido en el artículo 27.5 de la Constitución, que dice que los poderes públicos han de garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza.

Finalmente consideran que la educación integral de la persona “ha de contribuir a hacer hombres conscientes, libres, críticos y creadores, abiertos a la trascendencia, a Dios, a la razón y a la Fe” y le recomiendan que “colaboremos todos a hacer una Ley diferente a esta, mejor y justa, como debe ser toda ley, que nos haga desarrollar entre todos –no unos contra otros- una educación integral para el bien de las personas y el bien común y abrir caminos de futuro y de esperanza”.